La caminata, que partirá desde el parque Belisario Porras y culminará frente a la Asamblea Nacional, busca rechazar la Ley 462 de reformas a la Caja de Seguro Social, recientemente promulgada por el presidente José Raúl Mulino.

Según los manifestantes, esta normativa perjudica gravemente a los trabajadores y sus familias.

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El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, denunció que la ley fue aprobada sin considerar las propuestas de los gremios. Entre las críticas principales, destaca el modelo de cuentas individuales que establece la normativa, considerándose obsoleto y contrario al sistema solidario. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que este modelo fracasó en más de 30 países.

Además del rechazo a la Ley 462, las protestas incluirán demandas contra la minería metálica a cielo abierto, el alto costo de vida y la construcción de un embalse en el río Indio para abastecer al Canal de Panamá. Estas acciones se suman a las manifestaciones realizadas en años anteriores, cuando se reactivaron los debates sobre el impacto ambiental y social de proyectos mineros, como la mina de cobre en Donoso.

En paralelo, los abogados de los colectivos presentaron una demanda de inconstitucionalidad parcial ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso busca invalidar el numeral 11 del artículo 48 de la Ley, que impone un descuento del 6.75% a las pensiones de jubilados. Según los demandantes, esta disposición viola normas internacionales ratificadas por Panamá.

El presidente Mulino defendió en conferencia de prensa el derecho a manifestarse como parte del sistema democrático, pero advirtió que garantizará el libre tránsito en las calles. Mientras tanto, los líderes sindicales preparan más acciones, incluida una posible huelga nacional indefinida, para presionar por cambios legislativos.

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